Consejo Directivo

16826027_1342348635825215_2705164499543877255_o
23

Feb
2017

 

Industriales y gobierno se comprometieron a sumar esfuerzos para contribuir a establecer un estado de derecho óptimo en los procedimientos de contratación pública, generando acciones tendientes a la legalidad, buenas prácticas, transparencia y sobre todo oportunidades para el apalancamiento del mercado interno mexicano.

Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública del Gobierno de la República, y  Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, acordaron sumar esfuerzos para combatir la corrupción en los procedimientos de compras del sector público, así como aportar elementos de apoyo que generen diversificación, encadenamiento productivo, equidad e igualdad en los procedimientos de contratación, calidad, precio, eficiencia del gasto público, mejores prácticas y condiciones.

Para lograr lo anterior, la Contraloría Social Empresarial a cargo de Sergio Alberto Martín Esquivel trabajará de manera coordinada con la SFP y diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de disminuir de manera conjunta los índices de corrupción en materia de compras y gestiones de gobierno.

Manuel Herrera Vega propuso la firma de un convenio de colaboración entre ambas partes, que establezca un plan de trabajo conjunto entre cuyas líneas principales están el establecimiento de un verdadero pronóstico de demanda que permita generar encadenamientos productivos en el país, efectuar acciones para regular y disminuir facilidades normativas de los servidores públicos que puedan sesgar la libre competencia, así como atender con oportunidad y diligencia los recursos de denuncia e inconformidad que tengan por objeto señalar conductas irregulares en los procedimientos de contratación pública.

Por su parte, indicó el Presidente de CONCAMIN, la industria confederada del país se compromete a aportar elementos que permitan establecer instrumentos de convocatoria transparentes, equitativos, apegados a la ley, a las necesidades de cada dependencia y que busque en todo momento transparentar procedimientos e incorporar mejores prácticas; promover la participación de empresas y contenido nacional en los procedimientos de licitación, así como promover procedimientos de licitación exitosos y que cumplan con las mejores condiciones del mercado en la consecución de los objetivos para el Estado.